“Deseo que seamos libres para poder decirles a los políticos lo que sentimos”, la esperanza del hombre que opinó en Facebook y fue demandado por la diputada albertista Anabela Lucero

Esta mañana la defensa de Javier Bosco pidió la excepción de falta de acción al fundamentar que “no hay delito de injuria”. Esto se da luego que la Justicia elevara a juicio la demanda de la diputada provincial y actual candidata a Parlamentaria del Mercosur, Anabela Lucero contra un ciudadano común de Villa Mercedes que opinó en Facebook.

La audiencia se desarrolló ante el Tribunal de Impugnaciones de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial que integran María Bocca, Cintia Martín y Yanina del Viso.

Cuando Lucero ingresó a la sala ya había periodistas. Saludó a los que conocía y se sentó. Al hombre que denunció, que había llegado antes, le pasó por al lado pero no le cruzó mirada. Unos segundos después se levantó y salió para hablar con sus abogados. Lo que acordaron fue pedir que sacaran a la prensa, pero las juezas dijeron que no.

José Giraudo, que tomó la defensa de Bosco junto a Miguel Ángel Ferrero citó la doctrina del "fallo Kimel", pero hizo fundamental hincapié en el caso del periodista Diego Masci que fue condenado por la Justicia provincial por publicar, en su portal de noticias, el video donde la ex ministra de Educación, Natalia Spinuzza reconocía haber consumido drogas.

El defensor reprodujo de manera textual lo que en agosto de 2018 transmitió la funcionaria de Alberto Rodríguez Saá en una filmación que compartió por WhatsApp. Y también recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la condena contra el comunicador social, al advertir que la Justicia de San Luis no valoró que se trataba de una figura pública y que tampoco tuvo en cuenta el principio de la libertad de expresión.

“¿Hay un hecho más privado que casarse e irse de luna de miel? Pero cuando se trata de la ministra de educación de por entonces, eso adquiere una notoriedad pública”, subrayó.

“Los Tribunales de la provincia tienen que considerar a qué se refiere interés público a partir del caso Masci, cuya sentencia pone un antes y un después en la interpretación de esto. En San Luis lo están interpretando mal”, señaló el abogado.

Puntualizó sobre el artículo 110 del Código Penal que tipifica la injuria que ahora lo tiene a Bosco en el banquillo de los acusados: “Dice claramente que no constituye delito de injuria cuando hay una lesión al honor mientras ella guarde relación con un asunto público. En el contexto, se trata de un ciudadano común que opina de una candidata a intendente y por lo tanto estamos dentro de un asunto público, como lo es un acto electoral donde un candidato se presenta ante el escrutinio de una sociedad”.

“Apelamos porque le estamos diciendo al Tribunal que no hay delito, no hay acción, ni siquiera deberíamos estar acá. Indudablemente con la reforma del Código Penal el derecho a la honra de los funcionarios públicos, incluso de los candidatos, cede ante el derecho de la libertad de expresión”, insistió. Si no hiciera lugar, el juicio se concretaría a finales de este mes.

Tuvo en cuenta que en Villa Mercedes su defendido no es el único querellado por opinar en contra de personas que ocupan cargos políticos o ligados al poder. Contó que pudo comprobar que por los mismos motivos, el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera realizó al menos “14 querellas y todas terminaron con el querellado retractándose”.

“Si te llevan a una audiencia conciliatoria ante un juez penal, un ciudadano común no quiere pasar por eso, y entonces es acá cuando hablamos de que se criminalizan las opiniones. Esa persona se retracta y no opina nunca más”, añadió.

Lucero fue candidata a intendenta de Villa Mercedes, en las elecciones del 11 de junio, y una de las dirigentes oficialistas que más dinero gastó en propaganda. Refiriéndose al slogan de su campaña, lo que hizo Bosco fue contestarle “que no le creía sus promesas” porque no había “cumplido” con una deuda que mantenía con su familia.

Sus abogados, Jorge Quiroga y Verónica Chávez rechazaron la apelación y sostuvieron que la diputada se vio “perjudicada intencionalmente”. Sánchez aseguró que lo manifestado por Bosco “es mentira” y que “no tiene pruebas”. Además que Lucero fue “afectada como persona”.

“No estoy acostumbrado a esto, es la primera vez que me sientan ante un Tribunal, pero estoy con esperanzas de que tomen la decisión correcta que es simplemente basarse en la ley”, dijo Bosco en declaraciones a este medio.

“Soy un ciudadano común que se levanta todos los días temprano para buscar la moneda y poder alimentar a mi familia”, dijo, al mismo tiempo expresó cuál es el mayor deseo de todo esto: “Si fallan a mi favor, va a ser muy positivo porque hay gente que se guarda la opinión porque dependen de un plan social. En privado te dicen un montón de cosas de este Gobierno porque no lo pueden expresar públicamente. Este tiene que ser un precedente para que todos seamos libres y le podamos decir a los políticos lo que realmente sentimos”.

“Te tapan la boca con una carta documento, y hay personas que se retractan porque tienen miedo de perder una beca”, señaló. Él no se retractó y por eso ahora enfrenta este proceso.

Después que se expresaran ambas partes se resolvió un cuarto intermedio. La decisión, cuyo plazo legal es de 10 días, se conocerá mediante una resolución.